Transición energética justa: 3 dimensiones para abordar los desafíos de la descarbonización a nivel social

El investigador de SERC Chile y académico de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales, Tomás Ariztía, explicó que el concepto de “transición justa” cuenta con tres dimensiones.

¿Qué es la transición energética justa? El concepto de transición justa tiene su origen en el movimiento sindical como esfuerzo para proteger de los costos de los procesos de descarbonización a la población y puestos de trabajo que dependían industrias intensivas en carbón y hace referencia a los impactos laborales de los procesos de descarbonización. Sin embargo, con los años, el concepto ha extendido a la consideración de principios de justicia y equidad a las transiciones energéticas en curso. 

De esta forma, la transición justa busca recalcar la importancia de avanzar en las metas de descarbonizar establecidas a nivel mundial, como el Acuerdo de París o la Agenda 2030, pero sin entregar un costo a la población más vulnerable. De acuerdo con Tomás Ariztía, sociólogo e investigador de SERC Chile, el principio de la transición justa busca dar cuenta y abordar las inequidades que surgen como resultado de las transiciones energéticas en curso, junto con equilibrar los impactos sociales y ambientales.

El investigador explicó que la "transición justa aborda principios de justicia en la descarbonización de las economías", considerando distintas dimensiones: “Una distributiva, que se enfoca en la equitativa distribución de los costos y beneficios asociados a la transición energética; una procesual, que examina cómo se gestionan estas desigualdades en el marco de las transiciones energéticas; y una de reconocimiento, que respeta diversas formas de entender y concebir el cambio ambiental asociado a la transición". 

“Originalmente, esta idea surgió de movimientos sindicales que enfrentaron las consecuencias de la descarbonización, pero hoy en día se utiliza para hablar de la gestión justa de los impactos de la transición energética”, sostiene.

Un aspecto clave es identificar los costos y desigualdades asociadas al desarrollo de nuevas tecnologías o el cierre de tecnologías fósiles, y luego establecer cómo abordarlos. “Estos costos y beneficios generalmente se desarrollan desterritorializadamente, por ejemplo: Generalmente los beneficios llegan a un lugar distinto al lugar donde se generan los costos”. Esto ocurre especialmente en territorios donde la infraestructura energética renovable se impone sin una adecuada distribución de los beneficios entre las comunidades afectadas, con un foco en generar beneficios a actores de otros lugares del planeta. 

Para que esta transición sea justa, es fundamental que las políticas públicas concilien la efectividad de la descarbonización con principios de justicia distributiva, procedimental y de reconocimiento. Ariztía destaca que "un objetivo a considerar en el marco de una transición justa es identificar y gestionar adecuadamente las distintas inequidades que surgen asociadas a la instalación de energías renovables ".

Investigaciones sobre impacto social y ambiental

En Chile, SERC estudia los procesos de transformación asociados a la transición energética bajo esta perspectiva. Entre los temas en investigación está el impacto social y ambiental del desarrollo de nuevos combustibles como el hidrógeno verde y grandes proyectos solares. "Nos interesa entender cómo estos desarrollos afectan a las comunidades y el medioambiente, que fricciones y tensiones desarrollan y de qué forma se pueden enfrentar desde una perspectiva de la transición justa", explica el investigador.

El investigador de SERC Chile menciona que una de las investigaciones que se lleva a cabo son el analizar y estudiar “el desarrollo de nuevos combustibles como el H2Verde o del desarrollo de proyectos de generación solar a gran escala” desde la perspectiva de sus impactos, gobernanza e implicancias en términos de las transiciones hacia la sustentabilidad. 

Este enfoque busca poner en palestra que la transición energética no solo beneficie a los sectores industrializados o de mayor poder adquisitivo, sino que también incluya a comunidades que históricamente han sido excluidas de los beneficios del desarrollo energético, a la vez de cautelar que los costos asociados a la transición no sean pagados por sectores o territorios menos favorecidos

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